Tras años de estar situada en un segundo plano, la inflación ha vuelto a cobrar protagonismo debido a los datos extraordinariamente altos que se han ido conociendo durante estos últimos meses. Los problemas ocasionados en las cadenas de producción globales, la escasez de ciertos suministros y la preocupante evolución del coste de la energía, han ido empujando el Índice de Precios de Consumo (IPC) al alza hasta sobrepasar el 6% interanual, unas cifras que España no sufría desde hace tres décadas. La inflación es un fenómeno que castiga con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo.

Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les permiten vivir solo de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida no acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones de pobreza relativa. Más delicada aún es la situación de los hogares que ya se encuentran en situación de pobreza relativa, que una elevada inflación no haría sino agravar. Para evitar estas pérdidas de poder adquisitivo, trabajadores y empresarios, de manera individual o mediante negociación colectiva, están empezando a revalorizar los salarios para acompasarlos a la evolución de la inflación. De igual forma, desde el sector público también se revalorizan ciertas prestaciones, donde destacan las pensiones, para evitar una pérdida de poder adquisitivo de sus perceptores. Lo cierto es que hoy, a causa de la inflación, una misma cantidad nominal de dinero implica menos capacidad económica que años atrás.

Dado este contexto, sin embargo, los poderes públicos no están haciendo todo lo necesario para adaptarse al cambio del nivel de precios. Este es el caso de la normativa tributaria, entre la que destaca, por su impacto directo sobre la renta disponible de los hogares, la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los umbrales vigentes de la escala general del IRPF no se han modificado desde el 1 de enero de 2015. En este mismo periodo de tiempo (enero de 2015 a diciembre de 2021, último dato disponible en la web del INE), el IPC ha aumentado un 12,8%. En consecuencia, muchos contribuyentes que por efecto de la variación nominal de sus ingresos, sin haber aumentado realmente su capacidad económica, están pagando hoy por un tipo impositivo superior al que debieran.

La falta de deflación de las tarifas del IRPF va en contra del mandato constitucional de que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica, al aumentar el tipo impositivo efectivo del contribuyente sin que este realmente haya aumentado sus ingresos en términos reales. Además, el mantenimiento de unos umbrales de renta que no se corresponden con la realidad económica actual está agravando aún más la pérdida de poder adquisitivo ya provocada por la inflación, cuando los poderes públicos deberían estar haciendo todo lo que estuviera en su mano para reducir su impacto.

Por todo ello, Cs Galicia ante la Mesa del Parlamento de Galicia presenta la siguiente:

Para instar al Gobierno de la Nación a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes.