∙      María Vilas: “hemos presentado esta iniciativa para frenar las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre los más jóvenes”

 

Santiago, 7 de diciembre de 2018. Ciudadanos (Cs) Santiago ha presentado en el registro del Ayuntamiento una propuesta que busca mejorar la normativa relativa al juego y adicciones ante la regulación dispar entre las distintas administraciones.

De esta manera, Ciudadanos recoge en esta iniciativa la prohibición de la apertura de casas de apuestas y juego en las proximidades de centros escolares, institutos y edificios públicos con alto tránsito de menores de edad, a través de la modificación en la normativa sobre planificación urbanística. Además, “instamos al gobierno municipal a poner en marcha campañas de concienciación dirigidas también a los progenitores sobre los riesgos que entraña el juego, junto a la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para la supervisión de los mecanismos de identificación que detectan el acceso de menores de edad a los mismos” ha explicado Vilas.

Se quiere con esta medida instar al Gobierno a trabajar en la prevención sobre conductas adictivas relacionadas con el juego y apuestas deportivas, ya sean presenciales u on-line, revisando y actualizando la normativa que limite la publicidad en horarios de especial protección, impida la utilización de regalos y bonificaciones para atraer jugadores, limite la aparición de referentes infantiles en la publicidad de este sector y mejore los sistemas de acceso a estas aplicaciones.

La portavoz de Cs en Santiago, María Vilas ha querido destacar que, según un estudio coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego, “la media de edad del inicio en estas actividades en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en el juego el 36% de los encuestados antes de los 18 años, y estos son datos muy preocupantes”.

Por otra parte, según la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) el número de casas de apuestas se han multiplicado en todas las Comunidades Autónomas, alcanzado las 3.132 en 2017, lejos de las 2441 registradas en 2014.