·  El concejal de Cs Juan Vidal-Pardo califica de inadmisible la actitud del Gobierno local y anuncia que su grupo ya estudia emprender acciones legales si Méndez persiste en su negativa

El concejal de Ciudadanos Juan Vidal-Pardo denunció esta mañana que el Gobierno local de Lugo no ha respondido al segundo requerimiento enviado por la Valedora do Pobo para que justifique por que no ha facilitado al grupo municipal de Cs el acceso a la información de varios expedientes relacionados con la Fábrica de la Luz, el nuevo contrato de Basuras y los parking subterráneos de titularidad municipal entre otros asuntos.

«Resulta absolutamente desolador ver como el Gobierno local se pasa por el forro cualquiera de los principios que caracterizan la Ley de Transparencia en un flagrante y deliberado incumplimiento con el único objetivo de evitar desgaste político. Es inadmisible que tapen sus errores de gestión de esta manera tan ruin, tan poco democrática y que desgraciadamente recuerda a otros tiempos, a otro tipo de sociedades y a otro tipo de regímenes que nada tienen que ver con nuestro actual ordenamiento jurídico», señaló el edil de la formación naranja quien asegura estar profundamente decepcionado.

Vidal-Pardo relató como, después de que la Valedora do pobo admitiera a trámite la denuncia efectuada por el grupo municipal de Cs en la que señalaba al Gobierno de Méndez por negarle acceso deliberadamente a varios expedientes de interés, el Concello de Lugo desoyó hasta en dos ocasiones los requerimientos de este organismo.

«Con fecha del pasado 19 de abril se nos comunicó que el Concello de Lugo no había respondido al escrito de la Valedora do Pobo por segunda vez. Lo que significa que estos días terminará el plazo del último requerimiento. Si el PSOE y el BNG incumplen este último plazo exploraremos vías alternativas para que el sistema les haga cumplir con la Ley de Transparencia y con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo donde se deja meridianamente claro sin lugar a interpretaciones que el Ayuntamiento debería habernos facilitado el acceso a la información solicitada en un plazo máximo de cinco días y ya van más de cinco meses», apuntó el edil.

«El único objetivo de este bochornoso capitulo es impedir que llevemos a cabo nuestra labor de fiscalización y que la ciudadanía permanezca al margen de sus pifias en la gestión de esta ciudad, que desgraciadamente no son pocas y sí muy costosas para las arcas públicas. Intentar logara oxígeno político a costa de la transparencia y el cumplimiento de la ley es un acto que califica por si mismo el tipo de Gobierno que rige este municipio. Estamos entrando en una fase muy peligrosa donde no están respetando ni la Ley. Es necesario que otros estamentos intervengan en este asunto. Nosotros no cesaremos en nuestro empeño», concluyó.